Los vigilantes municipales que desempeñan su trabajo en municipios de la Comunidad, y que ascienden a 41, han solicitado de manera conjunta a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ser integrados en la categoría de Agente de Policía Local. Esta petición va acompañada de otras sugerencias extraídas de las  experiencias vividas por estos profesionales durante los últimos años en el desempeño de su trabajo con la intención de que sean estudiadas e incorporadas  a la modificación de la Ley 9/2003 de Coordinación de Policías Locales de Castilla y León que tiene intención de iniciar la institución regional. 

En la actualidad, según legislación, los vigilantes municipales ostentan la condición de agentes de la autoridad y ejercen las funciones de los cuerpos de policía, como arrestos domiciliarios, control de inmigración, atestados, robos, vandalismo, violencia de género, regulación y sanciones de tráfico, socorro o supervisión de obras. En los vehículos que utilizan para su trabajo se puede leer Policía Local, sin embargo, en su uniforme, que es idéntico al de un policía, pone Vigilante Municipal. 

Portan esposas y porra, pero no un arma, otra de sus reivindicaciones, ya que como explica Erkuden Hortigüela, vigilante municipal de Salas y primera mujer en desempeñar este puesto en la región, supone una gran indefensión. «Sólo nosotros mismos la vemos y la sufrimos. Desempeñamos trabajos que generan un riesgo objetivo, los mismos que un policía local, y estamos desprotegidos», apunta Hortigüela, quien en ese sentido recuerda experiencias de compañeros que han tenido incidentes e incluso suyas, «un día me pegaron en el mercadillo y otro me sacaron a empujones de un local».

Hortigüela considera que un arma disuade, «y provocaría que nos tuvieran más respeto, ya que muchas veces cuando leen la denominación de vigilante municipal del uniforme provoca la desaparición del concepto de agente de la autoridad».

Hace unos días se reunieron los 41 vigilantes de la región y acordaron trasladar a la Junta cuatro propuestas: reconvertir a los vigilantes en agentes de policía sin necesidad de crear Cuerpo de Policía Local (como recogen las leyes de Islas Baleares y Aragón); el cambio de grupo de titulación académica del grupo C2 al C1, al cual pertenecen los policías; que la Junta facilite ayudas a los ayuntamientos para modificar el vestuario y comprar armas; y dar audiencia, en la mesa, a un representante de los vigilantes para exponer la situación de desprotección en la que se encuentran y la inseguridad que hay en los pueblos.

Para optar a ocupar una plaza de vigilante municipal, ahora es necesario superar unas oposiciones similares a las de Policía Local. «Hacemos el mismo trabajo, todo igual, menos la denominación y que no llevamos arma, y por ello solicitamos que nos equiparen», afirma Hortigüela, quien lleva doce años desempeñando estas funciones y reconoce que, «muchas veces se nos confunde con ‘alguacilillos’, cuando no es nuestro cometido», y afirma que no es una cuestión de dinero, «incluso renunciamos a esos casi 100 euros más que supondría el cambio de denominación, lo que queremos es que se nos reconozca como tal».